Que deudores puedan declararse insolventes y conciliar pagos con acreedores, busca proyecto de ley

Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

En Colombia, según el representante Roy Barreras, hay unos 15 millones de personas que tienen algún tipo de deuda. De esta cifra, 3,6 millones corresponden a deudores de tarjetas de crédito.

La iniciativa, que establece el "régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante", busca favorecer a quienes tengan compromisos vencidos entre los dos meses y el año.

l proyecto solo le faltan dos debates en el Senado para convertirse en ley.

"Este proyecto busca proteger a los ciudadanos que están endeudados, para darles la posibilidad de ponerse al día y evitarles la ruina. Y de paso, les garantiza el pago a los acreedores porque alguien arruinado o quebrado no tiene con qué pagar", dijo el representante Roy Barreras ('la U'), autor de la iniciativa.

De acuerdo con Barreras, la norma establece unos parámetros para acogerse a ella.

Se podrían declarar insolventes quienes tengan dos o más obligaciones con vencimientos mínimos de 60 días, ya sean crediticias, de servicios públicos o con el Estado, por ejemplo, con la Dian.

El segundo límite es que sólo podrán beneficiarse quienes tengan incapacidad de pago por fuerza mayor, hasta con un año de vencimiento.

Y el tercero es para quien máximo tenga el 80 por ciento de sus compromisos vencidos, pues, según el autor de la norma, quien tenga más de este porcentaje, "es por que se trata de un mal pagador".

El ponente del proyecto en la Cámara y otro de sus grandes defensores es el representante Simón Gaviria (Por el país que soñamos).

Según Gaviria, la persona que se quiera beneficiar tiene en principio que acreditar las deudas y demostrar que no tiene con qué pagar.

De ahí, acude a uno de los centros de conciliación: las cámaras de comercio, las notarías, las personerías o los centros de conciliación de las facultades universitarias, que deberán prestar este servicio de manera gratuita.

Estos centros deberán tomarse máximo un día para aceptar la solicitud y cinco para convocar a los acreedores para acordar una propuesta de pago.

Si se ponen de acuerdo, el deudor puede obtener hasta dos años de período de gracia, antes de empezar a pagar. Una vez aprobada la conciliación, se suspenden los cobros jurídicos, los cobros de intereses, de administración y los embargos. Sólo quedarán vigentes los procesos por alimentos.

Las medidas coactivas se suspenden, pero no se anulan. Por supuesto que la norma también protegerá a los acreedores. "El primer día que se incumpla el acuerdo de pago se reactivan todos los procesos judiciales con sus consecuencias", dijo Barreras.

Para el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, se trata de una norma "muy buena", porque les da la posibilidad a muchas personas endeudas de tener un respiro para pagar las acreencias.

Actualmente, existen dos normas gemelas, una que protege a las empresas y otra que salva a las regiones, que es la Ley 550, pero para las personas naturales todavía no hay ninguna que las favorezca.

Algunas cifras que justifican el proyecto de régimen de insolvencia

Según el representante Roy Barreras, en Colombia hay 15 millones de personas endeudadas.

De estas, 3,6 millones tienen deudas con tarjetas de crédito, de las cuales unas 700 mil están en mora, lo que indica que al menos un billón de pesos de los tarjetahabientes está en posibilidad de recuperación.

Según su informe, hay unas 527 mil personas que tienen deudas hipotecarias, de las cuales aproximadamente el 10 por ciento están en mora.

De acuerdo con Barreras, en situación crítica están 40 mil hipotecas que tienen más de cuatro cuotas vencidas, lo que representa al menos un billón de pesos.

Barreras estima que unos dos billones de pesos se salvarían con la aprobación del proyecto.

Fuente: http://www.eltiempo.com/